Una parte de nuestra realidad no la hemos presenciado ni
vivido. Nos la cuentan los medios de comunicación a través de sus múltiples
canales y formatos. Sin embargo, no
somos muy conscientes de que el acceso a más información de la que somos
capaces de vivir conlleva una serie de dependencias y limitaciones.
Hoy en día es impensable que haya nadie que no sepa acerca de muchas cosas que suceden, tanto a su
alrededor como en el otro extremo del planeta, a través de los medios de
comunicación. Pero lo que quizás no han llegado a pensar son los motivos que
han llevado a nuestras sociedades a organizar un entramado de medios de
comunicación que satisfacen, de entrada, el deseo de conocimiento de las
personas, pero a la vez, constituyen plataformas de difusión de unos contenidos
que sirven a los intereses de quienes los promueven.
Cuando se plantea que los medios de comunicación funcionan
al servicio de los intereses de quienes los organizan y gestionan, suele
parecer una afirmación un tanto categórica y relativamente no del todo creíble.
En el fondo nos cuesta desconfiar de unos contenidos que se presentan como bien
elaborados para ser comunicados a los ciudadanos. Existen una serie de
elementos formales que refuerzan la credibilidad tanto de los contenidos como
de sus fuentes. Es muy difícil desarmar estas estructuras y, en el mejor de los
casos, se suelen relativizar a partir de reconocer que todos sabemos que existe
la posibilidad de manipular la información, pero que a su vez, tenemos
habilidades suficientes como para detectarlo y analizar los temas entre líneas.
Pero en los medios de comunicación circulan muchos
contenidos, entre los cuales hay la publicidad explícita y una gran diversidad
de formas indirectas de persuadir, con finalidad publicitaria, pero utilizando
un juego de asociaciones con valores
positivos cercanos a los contenidos (léase marcas comerciales, grupos políticos,
personajes públicos, grandes corporaciones o instituciones públicas o
privadas).
En la medida en que hay personas y entidades que conocen los
mecanismos y la capacidad de los medios de comunicación, generalistas o especializados,
es lógico que algunas intenten aplicar
esta lógica a su favor. De este modo, el problema de la interpretación acerca
de la veracidad de los contenidos, o el análisis de si éstos están
condicionados a intereses que no se comunican junto con los mensajes.
Una de las disciplinas que permiten aprender qué mecanismos
ejercen los medios de comunicación y la publicidad en las personas es la “educación
mediática” o media literacy. Uno de
sus principales objetivos es sentar las bases para introducir en el sistema
educativo el conocimiento de cómo funcionan los medios de comunicación, para
aprender a interpretar las noticias, los contenidos y los mensajes que se
difunden. Los escenarios a través de los cuales nos llegan todo tipo de
contenidos son cada vez más variados y complejos de analizar. Tanto si
observamos los tradicionales medios de comunicación como si nos proponemos
analizar las redes sociales e Internet, nos daremos cuenta de que nos estamos
acercando a una inmensidad de contenidos y a la gran complejidad de analizar
tanto su veracidad como los posibles intereses relacionados con el hecho de dar
a conocer dichos contenidos.
Existe una gran variedad de ejemplos cuyo análisis nos
permitiría observar que las verdades viajan por los mismos conductos que las
mentidas, y entre unas y otras, existen todo tipo de combinaciones y
proporciones. Pero más allá del análisis de la veracidad, quizás es más
interesante analizar qué intereses puede haber detrás de la difusión de una
noticia.
Cuando una noticia puede favorecer los intereses de un grupo
político, de una empresa o corporación, de un personaje público o famoso, suele
dejar la huella de su intencionalidad, aunque no suela ser fácil proceder a un
análisis que separe estos objetivos con respecto a la forma en que ha sido
presentada formalmente. Es decir, puede haber objetivos que se encubran detrás
de supuestos objetivos de interés general.
El ámbito de la comunicación científica, tanto si se difunde
en revistas generales como en publicaciones especializadas, no está exento de
la difusión de contenidos que obedecen a intereses personales, para aportar
prestigio a instituciones o empresas u otro tipo de intereses ajenos al interés
y utilidad social. Constituyen una buena evidencia las noticias que, una vez publicadas,
se ha averiguado que el contenido de determinadas investigaciones era un fraude
científico.
A través de Internet
tenemos acceso a muchas noticias, publicadas en páginas web, en foros,
en comentarios dentro de los mismos, o en las redes sociales, que nos informan
de las nefastas consecuencias que pueden tener este tipo de noticias. Estos
artículos, a su vez, contienen números ejemplos de fraudes científicos.
Supuestamente, la intencionalidad de sus autores era ganar fama y prestigio; o
escalar rápidamente en sus puestos de trabajo, como por ejemplo, los
funcionarios que han ganado su plaza habiendo realizado plagios en sus tesis
doctorales u otras investigaciones. El análisis de la veracidad del contenido
de las investigaciones es muy difícil, lento y complejo. Supone contrastar
mucha información, acceder a las fuentes y al material analizado. En teoría, las
investigaciones que se realizan en el marco de instituciones académicas
deberían implantar protocolos de calidad en el trabajo de investigación, así
como establecer mecanismos de detección de plagios. Estos pueden ser efectivos
cuando se realizan en el mismo contexto en el que se ha llevado a cabo la
investigación. En la medida que se alejan, dejan de ser tan efectivos y se
hacen más complejos. A su vez, en el contexto en el que se lleva a cabo
cualquier investigación o análisis, se debe contar con los expertos, quienes
otorgan un determinado valor a cada investigación y a cada investigador.
Sin embargo, los casos de plagios e investigaciones
fraudulentas que se descubren, en algunos casos lentamente y con dificultades,
son factores de riesgo, que pueden repercutir en el prestigio no sólo de los
supuestos investigadores que han hecho trampas para progresar y ganar un mérito
inmerecido, sino también de las empresas o instituciones que les han cobijado.
Se plantea, pues, una dificultad añadida cuando se descubren, al cabo de varios
años, este tipo de fraudes. A modo de ejemplo, si una Universidad tiene
conocimiento de que alguno de sus profesores plagió en su tesis doctoral
realizada hace más de quince años, se le plantea una decisión compleja. Tiene que sopesar si encubre o defiende al
plagiador, o bien tomar una decisión valiente de retirarlo de sus cargos y
trabajo.
